El 15 de junio de 2017, la policía abrió un expediente contra Ashfaq Masih, quien fue detenido tras una discusión con un hombre musulmán que se había acercado a su taller de reparación de bicicletas. La familia del cristiano denunció que la acusación de blasfemia no era más que un pretexto utilizado por el cliente, Muhammad Irfan, para no pagar el trabajo realizado. Ante los magistrados, Masih declaró su inocencia, y acusó al demandante de intentar «destruir su tienda».
Desde 2017, la esposa de Masih y su hija de ocho años esperaban la sentencia del juez adjunto Khalid Wazir, pero terminó sumiéndolas en el dolor y la desesperación. A pesar de que el hombre sostiene que es inocente, el jurado dictó la sentencia de muerte. Se teme que el hombre sea ejecutado o, como ya sucedió en el pasado, acabe siendo víctima de una ejecución extrajudicial -incluso en prisión- perpetrada en nombre de la ley de blasfemia.
AsiaNews entrevistó al presidente de Voice for Justice, Joseph Jansen, quien subraya que la condena a muerte de Masih es una fuente de «miedo» para toda la comunidad cristiana paquistaní, especialmente para las «víctimas de otros casos de blasfemia y sus familias». La mayoría de las acusaciones, continúa, son «falsas o están relacionadas con venganzas y disputas personales, más que con episodios reales de difamación» del profeta o de la religión islámica. Además, en algunos casos, las acusaciones desencadenan reacciones violentas de turbas enfurecidas, que buscan «hacer justicia por mano propia» y atacan a los acusados y las zonas donde viven, causando daños muy graves. Frente a todo esto, los que denuncian -utilizando el pretexto de la blasfemia y las falsas acusaciones, manipulando o distorsionando los hechos- «permanecen en gran medida impunes».
Una opinión que comparte el activista cristiano Ashiknaz Khokhar, según el cual ahora es práctica habitual que los tribunales inferiores dicten sentencias (de muerte) a los acusados que comparecen por casos de blasfemia, incluso «en ausencia de pruebas o si está claro que son inocentes».
«Esto está relacionado con la falta de seguridad en los tribunales y la presión que ejercen los grupos extremistas [islámicos] sobre los magistrados durante las audiencias», continúa. Es bien sabido que «la mayoría de los casos de blasfemia se registran con acusaciones falsas para resolver disputas personales», concluye el experto. «El Gobierno debe tomar medidas enérgicas para poner fin al uso indebido de las normas y proteger a los ciudadanos».
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