Entre las consecuencias de las dificultades económicas en Filipinas y la reducción de las medidas de control por parte de la policía y las instituciones, se registra un significativo aumento de las adopciones ilegales y una reducción de su costo, al menos en lo que se refiere a las sumas que reciben las familias de origen.
La práctica ya estaba muy extendida antes del Covid debido a la pobreza persistente y la falta de acceso a la educación y la atención de la salud que aumentan las dificultades de las madres en las realidades más degradadas. Pero la «oferta» ha crecido durante la pandemia, mientras que la «demanda» de posibles familias adoptivas ha disminuido, incrementando el riesgo de que niños de pocos días o, como máximo, de pocas semanas de edad terminen en manos de otras redes criminales dedicadas a la explotación sexual, el trabajo ilegal o el tráfico de órganos.
El precio de un recién nacido también ha bajado a 100 dólares, salvo excepciones que tengan en cuenta el origen y la apariencia. En este infame mercado se cotizan más los niños mestizos, pero aun así llega a cifras del orden de los 1000 dólares. Esta forma de trata se servía de conocimientos directos y redes conocidas sólo por unos pocos, alimentada sobre todo por los embarazos no deseados de mujeres jóvenes involucradas más o menos directamente en la prostitución.
Con la pandemia, el aumento de las necesidades y el uso más intensivo de Internet han favorecido el desarrollo en internet de esta y otras actividades delictivas. Todo ello en un contexto que ya en 2019 había registrado una media de 3.000 denuncias mensuales desde el extranjero de niños filipinos implicados en explotación sexual a través de internet.
La adopción fuera de los canales oficiales es obviamente ilegal y está penada con cadena perpetua y fuertes multas, pero la dificultad para identificar a los responsables también se debe a la falta de organismos de investigación específicos que apoyen el trabajo de muchas organizaciones de compromiso social. La División de Operaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Investigación identificó y dio seguimiento en 2021 a unos diez casos de «adopción comercial».
Se estima que cerca de dos millones de menores en Filipinas viven sin familia, con un alto riesgo de explotación. Por otro lado, el sistema legal solo puede garantizar unos pocos miles de adopciones. Una vez más, la falta de recursos y personal especializado es la principal limitación junto con la reducción de la demanda.
En un intento de acotar el ámbito de la ilegalidad, la Domestic Administrative Adoption Act -la ley de adopción propuesta por las senadoras Risa Hontiveros y Pia Cayetano que está vigente desde enero- establece plazos más cortos, de seis a nueve meses, y prácticas más ágiles para la adopción bajo la gestión de la National Authority for Child Care. Es importante el reconocimiento de que la paternidad ya no depende de las relaciones de consanguinidad, sino de la voluntad de garantizar el bienestar de los hijos adoptivos.
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