Pedro Castillo cumplió su primer año en la presidencia del Perú en medio de una severa crisis política y con una alta probabilidad de perder pronto el poder.
Nunca antes un presidente peruano había tenido cuatro gabinetes ministeriales en 12 meses de gobierno ni, muchos menos, se le habían abierto durante su mandato cinco investigaciones judiciales, una de ellas por encabezar una organización criminal.
La crisis y la sensación de desgobierno se reflejan también en que 74 % de los peruanos desaprueba su gestión y en que apenas el 3 % siente que el país está progresando, la menor cifra alcanzada en las más de tres décadas que Ipsos lleva este indicador en el Perú.
No consiguieron su objetivo ni tampoco medidas económicas muy radicales, por no tener mayoría en el Congreso, pero sí contribuyeron al nombramiento de altos cargos de personas que tenían más prontuario que experiencia profesional y de políticos con una vocación intervencionista que ha logrado trabar la actividad económica y deteriorar sensiblemente la gestión pública.
Si bien la orientación ideológica del profesor Castillo era conocida desde sus tiempos de dirigente sindical y su falta de preparación fue notoria desde un primer momento, sorprendió su propensión y la de sus más cercanos colaboradores a la corrupción.
Por ejemplo, el exministro de Transportes Juan Silva, también profesor escolar, cuya experiencia en el sector, como él mismo declaró, era que tenía licencia de conducir; terminó prófugo de la justicia por serias evidencias de corrupción en la asignación de obras públicas, en las cuales varios testimonios de colaboradores eficaces vinculan a Castillo.
Otro colega docente y dirigente sindical muy cercano a Castillo que estuvo prófugo hasta hace pocos días fue Bruno Pacheco, su ex secretario en la Presidencia. Pacheco se ha entregado a la Justicia y, según ha trascendido, habría revelado que su jefe cobró 20 mil dólares por persona a diversos coroneles de la Policía para ascenderlos a generales y enviarlos a puestos de frontera a que «recuperen su inversión».
Castillo destituyó al ministro del Interior que designó –por pedido de la Fiscalía– a un conjunto de oficiales prestigiados de la Policía para la búsqueda y captura de Silva, de Pacheco y de un sobrino del presidente también prófugo.
La apurada destitución del ministro –que duró apenas 15 días en el cargo– no impidió que el equipo policial lograse cercar a Pacheco y coordinar su entrega, pero sí le granjeó a Castillo otra investigación de la Fiscalía por el delito de encubrimiento personal.
Por mucho menos otros presidentes peruanos han renunciado o han sido vacados por el Congreso. No habría ocurrido esto hasta ahora por al menos tres razones.
La primera es que la mayor parte de las izquierdas –tradicionalmente las más activas en movilizar las calles– sigue apoyando a Castillo y exigiendo que convoque sin aprobación del Congreso a una Asamblea Constituyente.
La segunda es que la oposición de extrema derecha promovió una narrativa de «fraude electoral» –al estilo Trump– que la alejó del electorado de centro; y luego, en el Congreso, promovió normas contra el enfoque de género en la educación, que la alejó de la juventud.
Por último, operadores del gobierno lograron cooptar (y, posiblemente, corromper) a un conjunto de parlamentarios de partidos de centro que aparentaban ser críticos de Castillo, pero que en las votaciones más importantes se inclinaron a su favor.
Ante el fraccionamiento y debilidad de la oposición política, ha sido la prensa la que ha puesto en jaque al gobierno con investigaciones periodísticas y denuncias bien fundamentadas que luego la Fiscalía de la Nación, presidida por la Dra. Patricia Benavides, ha convertido en investigaciones judiciales.
A su vez, en la sociedad civil se ha venido produciendo una confluencia sin precedentes para demandar, primero, correcciones de rumbo al gobierno y luego, al conocerse los infames delitos en que habría incurrido Castillo, la renuncia del Presidente.
Esa ha sido la posición del frente «Empresarios Unidos por el Perú», que agrupa a más de 200 cámaras y gremios empresariales; y del colectivo «Coalición Ciudadana» que agrupa a más de 120 organismos no gubernamentales.
Hasta el momento, Castillo continúa en el poder porque la Fiscalía puede investigarlo, pero está impedida constitucionalmente de acusarlo por sus probables delitos hasta que concluya su mandato y porque los parlamentarios de izquierda y los que han sido cooptados subrepticiamente impiden que se alcancen los 2/3 de los votos requeridos para su vacancia.
No obstante, esta correlación de fuerzas podría variar conforme se vayan conociendo más declaraciones de colaboradores eficaces. Cuando Castillo perciba que corre peligro de ser destituido, es posible que pida asilo en un país amigo –se especula que podría ser México o Bolivia– y recién entonces presente su renuncia. Triste final para el maestro de origen campesino que despertó tantas ilusiones en la población andina del Perú.
Alfredo Torres es politólogo peruano, autor del libro Elecciones y Decepciones, historia de una democracia en construcción y presidente de Ipsos Perú
