La decisión de Myanmar de aprobar la condena a pena de muerte a cuatro personas por primera vez desde 1988 puede ser el comienzo de una oleada de ejecuciones, advirtieron este viernes dos expertos de la ONU.
Las condenas, aplicadas «por un tribunal ilegítimo de una Junta» militar «ilegítima», son «un vil intento de suscitar miedo entre la gente de Myanmar», han declarado al medio neozelandés Scoop Thomas Andrews, relator especial sobre los derechos humanos en Myanmar, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales o sumarias. «Los militares birmanos buscan emplear todo el aparato del Estado para perseguir a quienes se oponen a su intento de volver al gobierno autoritario».
Los condenados a muerte son el exparlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la Junta. El 3 de junio, el régimen militar aprobó el ajusticiamiento, un paso previo a las ejecuciones, que aún no tienen fecha. Otros dos reos que se enfrentan a la pena capital son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.
«No existen garantías»
Tras el anuncio de las ejecuciones, países como Francia, Estados Unidos y Canadá criticaron la decisión, junto con el secretario general de la ONU, António Guterres. Cientos de ONG locales e internacionales como ALTSEAN-Burma, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Parlamentarios de la Asean por los Derechos Humanos (APHR) también censuraron la decisión de la Junta golpista. El Ministerio birmano de Exteriores subrayó el martes en un comunicado publicado por la prensa oficialista la «independencia y soberanía» que tiene el Gobierno actual para administrar justicia conforme a la Constitución.
«Hoy en Myanmar, los juicios justos y las garantías procesales simplemente no existen. El pulgar de la Junta presiona la balanza de la justicia», lamentan. Lo cual agrava aún más la aplicación de la pena de muerte. Se trata de una «nueva prueba de su desprecio por los derechos humanos». La ley marcial impuesta ilegítimamente en marzo de 2021 castiga con la pena capital 23 delitos definidos de forma vaga y amplia. Por ejemplo, por traición, que en la práctica significa cualquier crítica a los militares.
Por este motivo, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a presionar más al Ejército de Myanmar. «Si no se le impone un coste serio por sus ataques contra los derechos fundamentales, deberíamos esperar cifras crecientes de estas condenas a muerte».
2.000 ejecuciones extrajudiciales
Andrews y Tidball-Binz recuerdan que, junto a estas condenas, se han producido desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales, además de masacres, ataques contra manifestantes, torturas hasta la muerte y bombardeos contra objetivos civiles. «Un ataque extendido y sistemático contra el pueblo birmano».
Según Amnistía Internacional, la última ejecución en la antigua Birmania tuvo lugar en 1988. Aunque la pena de muerte no se abolió, y el país vivió una guerra civil y luego una dictadura, solía ser permutada por cadena perpetua. Desde el golpe de Estado, al menos 114 personas han sido condenadas a muerte. Incluidos 41 juzgados en ausencia.
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