El domingo 11 de julio del 2021 sucedió lo que parecía imposible en una isla controlada férreamente por el aparato represivo de la dictadura: miles de cubanos salieron espontáneamente a reclamar por un costo de vida ya insostenible, además de la constante persución política a todo aquel que disienta contra el modelo comunista implementado por los Castro desde hace más de 60 años y la carencia de libertades individuales de las personas.
Comenzó de a poco. Pero, de pronto, estalló. El pueblo estaba asfixiado.
Las primeras manifestaciones se produjeron en San Antonio de los Baños y el resto de los cubanos se enteró por transmisiones en vivo que los mismos manifestantes publicaron en sus redes sociales. Al grito de “¡abajo la dictadura!”, “libertad” y “patria y vida”, vino el efecto dominó: luego se encendió Palma Soriano y a medida que pasaban las horas estalló La Habana.
Una columna inimaginable de cubanos llegó al Malecón hasta que fue brutalmente reprimida.
“Lo que ocurrió tiene muchas lecturas pero en principio es una protesta social, la más grande ocurrida desde 1959, que somete a discusión profunda las bases de lo que se ha entendido por el ‘consenso cubano’”, explicó a EFE el profesor e investigador cubano Julio César Guanche.
Las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba se desataron en medio de una crisis económica, con desabastos y cortes de energía eléctrica. Dichos desajustes fueron resultado de la combinación de dos factores: el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba para que haya un cambio de modelo político, y la paralización económica debido a la pandemia del COVID-19, todo lo cual ocasionó irritación, escasez y largas filas. Fueron las primeras movilizaciones de este tipo desde la década de 1990.
Los manifestantes salieron a la calle para exigir el fin del desabasto de alimentos e incluso cambios de gobierno. Actuaron pacíficamente, aunque también hubo saqueos de tiendas, enfrentamientos con la policía y destrucción de vehículos en la vía pública. Una persona falleció en La Habana. Y hubo arrestos.
Las autoridades no informaron cuántos ciudadanos resultaron detenidos en total, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos dijeron que más de 1.400 personas habían sido arrestadas.
El reporte Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J, hecho por las oenegés Cubalex y Justicia 11J, refleja que en total fueron arrestadas 1.484 personas, de las que 701, con edades comprendidas entre los 12 y 68 años, aún permanecen entre rejas.
Las detenciones se produjeron por fuerzas de la dictadura, en su mayoría agentes de civil, que comenzaron sus redadas luego de que el dictador Miguel Díaz Canel llamara a los “revolucionarios comunistas” a salir a combatir a los que protestaban, en un acto de desesperación que lo puso en el foco mundial: en cadena nacional llamó a un baño de sangre, a un enfrentamiento entre cubanos…
En paralelo a las detenciones, la dictadura bloqueó los datos móviles: sin acceso a redes sociales, los manifestantes no podían ni informarse de más movilizaciones ni difundir en el resto del globo lo que allí sucedía.
Pero bloquear todo ya no es sencillo. “Esto habría sido imposible sin una Cuba digitalmente conectada. Las redes sociales jugaron un papel facilitador fundamental al canalizar el descontento generalizado y permitir a la gente ver a otros expresar sin miedo frustraciones compartidas”, señaló a EFE Ted Henken, profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos en el Colegio Baruch de Nueva York. El experto define internet como “una caja de Pandora que ha traído constantes dolores de cabeza al régimen al permitir a los cubanos perder cada vez más el miedo colectivo e identificar su descontento con el de muchos otros conciudadanos”.
Díaz-Canel fue también por la prensa, intentó silenciar a los corresponsales, sus fuerzas de choque golpearon a un fotógrafo de la agencia AP e incluso se llevaron detenida a una influencer en vivo, mientras daba una entrevista para la TV española, pero las maniobras usuales no alcanzaron.
El saldo de las protestas
La Fiscalía de Cuba actualizó el miércoles a 488 la cifra de personas que ya tienen sentencias definitivas tras haber sido encarceladas por su papel en las intensas manifestaciones de julio pasado.
Se impusieron sanciones a 74 personas en procesos realizados en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, informó el organismo judicial en un comunicado. Dos fueron absueltas.
Es el tercer reporte que realiza la Fiscalía en los últimos 10 días. Primero anunció las sentencias defintivas para 381 personas, y pocos días después indicó que otras 30 ya tenían sentencia también. Si a eso se le suma las 74 actuales, la cantidad de sentencias definitivas alcanza 488.
Los procesos judiciales a los manifestantes fueron duramente criticados por gobiernos extranjeros y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alegaron que con ellos se buscaba sentar un precedente para desarticular cualquier oposición. Por su parte, las autoridades defendieron los juicios, haciendo notar que los acusados habían cometido actos vandálicos e intentos sediciosos.
Las penas más duras correspondieron a los delitos de sedición, con hasta 25 años de cárcel.
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