En su intento desesperado por mantenerse en el poder, huyendo hacia adelante, el gobierno nacional cierra el cerco que terminará por ahogar lo que queda de la sociedad civil en Venezuela.
En primer lugar, está el ataque sistemático contra la libertad de expresión, a través de la criminalización de la protesta, que se paga con agresión física, cárcel o muerte, pero también con la eliminación de todos los medios de prensa escritos, de radio y televisión disidentes.
Así, de los más de cien diarios que existían hace veinte años, solo quedan unos diez, y todos ellos plegados a las políticas de difusión del gobierno por la vía de la autocensura; lo mismo ocurre con las estaciones de radio y televisión nacionales.
Solo en los últimos meses ocurrieron más de cien acciones intimidatorias y represivas contra miembros de grupos políticos opositores y defensores de los DD.HH, así como más de 60 desapariciones forzosas entre líderes comunitarios.
No obstante, debo decir que las protestas por los salarios de hambre, la baja calidad de los servicios de salud, educativos, agua, gas, electricidad, y demás servicios públicos, así como por las agresiones al medio ambiente, no han cesado y ya se contabilizan unas 58.000 de ellas en los últimos meses, en todo el país.
Los cubanos en la administración
El segundo componente de la agresión a la sociedad civil, es el retardo y el obsceno costo de los aranceles para el Registro y el notariado de documentos, para la legalización y el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Debo señalar que todas las oficinas de Registro y Notaría están dirigidas por funcionarios del gobierno de Cuba.
En tercer lugar, tenemos la propuesta de Ley de Cooperación Internacional que data del 2005, pero que la Asamblea Nacional aspira a aprobar prontamente. Esta Ley pretende controlar el financiamiento internacional a todas las organizaciones de la sociedad civil como las ONGs, las Fundaciones, la Asociaciones Civiles sin fines de lucro y hasta a las mismas universidades nacionales y otras organizaciones autónomas.
En su Artículo 2, se establece que esta Ley se aplica a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con ésta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales, humanos, económicos, financieros, desde el exterior hacia el país.
Por medio de este proyecto de ley, el gobierno no solo pretende controlar la cooperación extranjera en el país, sino que también le servirá de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos que obtienen desde el exterior, a través de la creación de un Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional como órgano desconcentrado, es decir, autónomo.
El modelo de Rusia y Nicaragua
Quizás no resulte coincidencia que en 2015 Rusia haya aprobado una normativa similar que permite al gobierno declarar «indeseables» a las ONG extranjeras, a fin de prohibir su funcionamiento en el país ruso; ni que existan otras parecidas en Nicaragua y otros seis países con gobiernos populistas de izquierda.
De acuerdo con el proyecto, solo las inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales, y las que el gobierno acepte, serían reconocidas como legales y, en consecuencia, podrían recibir los aportes desde el extranjero en los términos que autorice el Ejecutivo.
Pero también, el gobierno se arroga el derecho de auditar sin previo aviso, manejar por cuenta propia los aportes financieros que reciban y hasta la prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva de una organización, de acuerdo a sus criterios.
El proyecto secreto de China
Finalmente, y como si todo esto fuera poco, se ha informado en las redes que el antiguo edificio de la Compañía Telefónica Nacional, ha sido acondicionado para un proyecto secreto manejado por funcionarios del Departamento de Defensa y Seguridad del gobierno chino.
El propósito es «hackear» o bloquear por completo las plataformas privadas, especialmente de los partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos, así como portales periodísticos, webs y redes sociales incómodas,
Espías en el ciberespacio
También se dedicará al espionaje fuera de nuestras fronteras a organizaciones civiles y militares que se perciban como enemigos reales o potenciales, como es, por ahora, el caso de Colombia. El marco legal de esta acción sería una Ley de Ciberespacio.
Recientemente, nos sorprendió el anuncio publico de la empresa Movistar (filial de Telefónica de España) en el cual reconoce que, al menos desde 2017, recibió solicitudes de intervención de teléfonos por parte del gobierno.
Estas pasaron de 235 mil en 2017, a 861 mil en 2021. Además, en el mismo período se reportó que unos 45 portales de noticias fueron bloqueados junto con más de 30 páginas web, y que el gobierno hizo solicitudes de bloqueo a cerca de 1.400 URL, la mayoría pertenecientes a medios de comunicación.
En cualquier caso, todas estas acciones gubernamentales conforman una red de hostigamiento, persecución y liquidación, con el propósito de neutralizar la labor de la sociedad civil organizada.
Sobre todo, para impedir que siga ejerciendo su trabajo de denuncia de la miseria y la pobreza, la defensa de los derechos humanos y del ambiente, y sobre la situación sociopolítica y económica en la que el gobierno y sus aliados han sumido al país.
Con ellas creo que estamos ante el fin, ahora sí, de lo que queda de libertad de expresión y de la sociedad civil organizada en Venezuela.
