Estos son los países que rechazan el lenguaje inclusivo

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El gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió en junio una resolución que limita el uso del llamado «lenguaje inclusivo» en la educación inicial, primaria y secundaria.

La decisión prohíbe que se utilicen las terminaciones de género neutro «e», «x» o «@» en comunicaciones institucionales y que se enseñen como parte de la currícula educativa.

También exige que estos se realicen «de conformidad con las reglas del idioma español».

«La deformación del uso del lenguaje tiene un impacto negativo en los aprendizajes, máxime considerando las consecuencias de la pandemia», aseguraron desde el Ministerio de Educación porteño.

Sin embargo, la capital argentina no es la única que se ha expresado en contra del uso del llamado «lenguaje con perspectiva de género».

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Como cita en sus fundamentos la norma porteña, una de las primeras en rechazar estos nuevos términos neutros fue la que es considerada por muchos la máxima referencia del idioma español: la Real Academia Española (RAE).

En 2020, en respuesta a un pedido de la entonces vicepresidenta española de modificar la Constitución para hacerla más inclusiva, la RAE publicó un informe de 156 páginas explicando su rechazo al lenguaje inclusivo.

«El uso de la ‘@’ o de las letras ‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español», concluyó terminantemente la RAE.

Además, se declaró en contra de la propuesta de reemplazar el uso genérico del masculino gramatical -que los más críticos consideran el «ladrillo simbólico del patriarcado»- por formas más inclusivas.

Desde la publicación de ese informe, la RAE ha mantenido su postura.

Aunque el anuncio de la ciudad de Buenos Aires acaparó la atención mediática, lo cierto es que la capital argentina no fue la primera de la región en buscar limitar la enseñanza del lenguaje de género neutro.

En enero pasado, poco antes de que empezaran las clases en el sur del continente americano, Uruguay tomó una medida similar cuando publicó una circular que dispone que en el ámbito de la educación pública la utilización del lenguaje inclusivo «deberá ajustarse a las reglas del idioma español».

La orden emitida por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) señala que las «expresiones inclusivas» pueden utilizarse «siempre que se cumpla con aquellas».

Al igual que la resolución porteña, la ANEP aclaró que sus instrucciones están dirigidas a funcionarios docentes y no docentes y no afecta a las formas de expresión de los estudiantes.

En rigor, esta normativa fue una actualización de otra resolución similar que el organismo ya había emitido en 2019.

Más allá de las autoridades educativas, ha habido otros intentos de frenar el avance del lenguaje inclusivo en las escuelas y otros ambientes en Uruguay.

En abril pasado, diputados del partido de derecha Cabildo Abierto presentaron un proyecto de ley para prohibir las «alteraciones gramaticales y fonéticas» en la administración pública y en centros educativos públicos y privados.

«El cometido del mismo es que no se modifiquen palabras para hacerlas ‘inclusivas’ con la E, la X o @», especificó la diputada Inés Monzillo en su cuenta de Twitter.

«Hablemos correctamente nuestro idioma», sentenció sobre su proyecto, que generó «preocupación» de parte de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR).

Otros países de la región, como Chile, también han visto el surgimiento de propuestas legislativas que buscan frenar el avance del lenguaje inclusivo.

El gobierno de Macron en Francia impulsó una ley que prohíbe el uso en clase de la escritura inclusiva.

Pero el español no es el único idioma que diferencia entre masculino y femenino, y que ha visto el surgimiento de nuevas (y polémicas) expresiones neutras que buscan hacerlo más inclusivo.

Y tampoco es el único idioma que las autoridades más puristas han intentado «preservar» del lenguaje inclusivo.

De hecho, el país que más fuertemente le ha bajado el pulgar por ahora al lenguaje con perspectiva de género es Francia.

Allí fue el propio ministro de Educación nacional, Jean-Michel Blanquer, quien firmó en mayo de 2021 una circular que prohíbe el uso en clase de la escritura inclusiva.

A diferencia de lo que ocurre en español con las terminaciones «e», «x» o «@», en francés la herramienta más utilizada para impartir neutralidad es un punto medio (•).

Este se usa para darle a una palabra terminaciones tanto masculinas como femeninas, de forma simultánea.

Tomemos como ejemplo la palabra «amis» (amigos). La forma inclusiva de escribirlo sería: «ami•e•s», que combina la versión masculina («ami») con la femenina («amies» o amigas).

Sería algo similar al español «amigos/as».

Algunos en Francia usan puntos bajos en vez de medios, como este cartel de protesta que dice «parteras olvidad.os.as del Segur».

Blanquer prohibió el uso del punto medio en las escuelas argumentando que «la imposibilidad de transcribir oralmente los textos con este tipo de ortografía dificulta tanto la lectura en voz alta como la pronunciación y, en consecuencia, el aprendizaje, sobre todo de los más pequeños».

Además, el ministro señaló que «constituye un obstáculo al acceso a la lengua de menores que afrontan determinadas discapacidades o trastornos de aprendizaje».

Es un argumento similar al que utilizan algunos críticos del lenguaje inclusivo español, quienes afirman que dificulta la lectura de personas con dislexia o no videntes, y por tanto, más que incluir, «excluye».

Al igual que la norma de Buenos Aires, la prohibición francesa no supuso un rechazo a todo lenguaje inclusivo, sino que buscó promover otras formas de generar inclusividad, recomendando, entre otras cosas, «el uso de la feminización de los oficios y las funciones».

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