En los primeros seis meses de 2022 se produjeron en Myanmar dos veces más incidentes violentos por parte de las fuerzas armadas contra la población civil que en Afganistán.
El último informe del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) muestra que en el primer semestre del año hubo al menos 668 hechos violentos protagonizados por el ejército y 11 mil víctimas del conflicto civil que vive el país desde hace más de un año. Según las cifras de Naciones Unidas, hay cerca de 1,25 millones de personas desplazadas, 903.000 de las cuales debido a la guerra.
En 2022 se ha intensificado la lucha armada contra la junta golpista que el 1 de febrero de 2021 derrocó al gobierno encabezado por Aung San Suu Kyi -condenada a 17 años de prisión y aún en juicio- y su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND) .
Los militares no han logrado consolidar su control sobre el país y a menudo recurren a la violencia extrema, incluso contra menores: «Matan a los civiles en los puestos de control, los torturan en las cárceles y los asesinan después de los enfrentamientos en las aldeas. También han asesinado niños y familiares de los que luchan contra el golpe. En muchos casos los militares profanan los cuerpos de las personas que matan, amputando partes de los cuerpos y quemando los cadáveres”, dice el informe.
Las milicias partidarias del régimen también han cometido crímenes violentos, sobre todo contra los últimos miembros de la LND que quedan en el país. El objetivo es eliminar todo tipo de oposición antes de las elecciones generales, que la junta militar ha decidido convocar en 2023.
En el conflicto se enfrentan, por un lado, el ejército birmano y por otro las Fuerzas de Defensa del Pueblo -el brazo armado del gobierno de unidad nacional en el exilio-, al que se suman las milicias étnicas históricamente presentes en los distintos estados birmanos. En los próximos meses el conflicto podría extenderse a Rakhine, donde el Ejército de Arakan, la milicia local, había firmado un armisticio con los militares en 2020. Sin embargo en los últimos meses las tropas del régimen han atacado varias bases de Arakan, aunque todavía hay que ver si se producirá una escalada.
Mientras tanto, la enviada especial de la ONU, Noeleen Heyzer, se reunió ayer con el jefe de la junta birmana, el general Min Aung Hlaing. Según declaraciones de la diplomática, el encuentro «tenía como objetivo hablar personalmente sobre los pasos prácticos para reducir la escalada de violencia y hacer frente a la crisis», especificando luego que la visita no se debía considerar como una legitimación del régimen. Heyzer pidió al ejército que suspenda futuras ejecuciones, tras las que se llevaron a cabo contra cuatro reconocidos activistas prodemocráticos.
Este miércoles algunos activistas contrarios al régimen organizaron una protesta sobre las ruinas de un pueblo incendiado por las tropas birmanas en la orilla occidental del río Chindwin, en la región de Sagaing. En las placas metálicas recuperadas del incendio habían escrito: «¿Cuántos cadáveres necesita la ONU para actuar?» (ver foto).
Según los expertos, el diálogo con los generales golpistas resultó inútil: la junta se negó a implementar el plan de paz de cinco puntos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que recientemente decidió excluir a Myanmar de todas las futuras cumbres de la organización.
Cada vez más aislado de la comunidad internacional, Myanmar se acerca, en consecuencia, cada vez más a regímenes antidemocráticos como Rusia, de la cual el ejército birmano ya recibe la mayor parte de sus municiones y armamento. Y según declaró ayer el Tatmadaw, a partir del próximo mes Myanmar también importará combustible ruso, a fin de eludir las sanciones occidentales impuestas a ambos países. El portavoz del ejército agregó que Myanmar podría considerar asimismo la posibilidad de realizar exploraciones petrolíferas conjuntas con Moscú y Beijing.
